Sin lugar a dudas, la educación es un tema toral para el partido y grupo parlamentario al que represento. Para Nueva Alianza la educación pública de calidad es un derecho humano de todas y todos los mexicanos, un bien público y una obligación indelegable del Estado Mexicano. La educación debe ser un Proyecto de Nación colectivo y consensuado que permita avanzar en la cohesión e inclusión soci...al, que responda a los retos y desafíos actuales y una construcción de futuro.
Nos sumamos al clamor social de mejorar la educación de nuestro país, pero sabemos que la educación de calidad debe acompañarse de equidad y pertinencia para brindar y asegurar las oportunidades de igualdad y justicia social que anhelamos como nación.
No obstante, tenemos la obligación de señalar de manera clara y contundente que lo aprobado no fue una reforma educativa, es una reforma administrativa en materia educativa.
Consideramos una incongruencia jurídica que, en una modificación constitucional que pretende mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, así como institucionalizar un efectivo sistema de formación docente y de evaluación educativa, se incorporen ordenamientos que impactan directamente en el ámbito administrativo y laboral. Así, la Reforma aprobada carece de sustancia psicopedagógica.
Una verdadera reforma educativa requiere del concurso de todos los actores involucrados en el proceso formativo de la niñez mexicana, de los padres de familia, de los maestros, las autoridades educativas federales y estatales.
Una verdadera reforma educativa pondría en el centro de la discusión el tipo de modelo educativo al que aspiramos como nación, propondría la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje, sometería a revisión los planes y programas de estudio, materiales, libros, y atendería el lamentable abandono en el que se encuentra la infraestructura de las escuelas públicas.
Nuestro compromiso con la calidad educativa ha quedado de manifiesto, no sólo en el discurso político, sino con propuestas e iniciativas de ley, como la que presentamos el pasado 13 de noviembre de 2012 para crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación como un organismo profesional en su desempeño, con autonomía técnica y de gestión.
Con este mismo ánimo propositivo, las diputadas y diputados de Nueva Alianza participaremos de manera activa en las reformas a las leyes secundarias a las que mandata el artículo tercero transitorio del decreto con el propósito de que todas las voces sean escuchadas.
Cancelar el debate y la deliberación pública significaría desnaturalizar a la misma democracia, porque ningún acuerdo político puede estar por encima de nuestro derecho a expresar y presentar nuestras propuestas.
Estamos ciertos que el embate hacia los docentes para responsabilizarlos de la calidad educativa y, con ello, condicionar su permanencia en el sistema a través de procesos de evaluación con carácter punitivo, forman parte de una estrategia impulsada, no por la sociedad ni siquiera por la autoridades educativas, sino por grupos de interés.
Grupos que, disfrazados de reformistas, pretenden imponer los criterios de mercado como un referente de la calidad y excelencia educativa; pero que en el fondo tienen como finalidad el privatizar la educación. En ese contexto, la agrupación gremial se vuelve un obstáculo a sus pretensiones de hacer de la educación y escuela pública un bien privado y rentable.
Estamos a favor de un servicio profesional docente como un instrumento para estimular el desempeño de los maestros en cuanto a sus condiciones laborales y mejoramiento salarial, no un sistema inquisidor que atente contra la titularidad de la plaza y sus derechos laborales.
Desde la tribuna o en cualquier escenario, la posición de Nueva Alianza ha sido, es y será a favor de la educación pública, laica y gratuita; por el derecho a una educación de calidad con equidad y pertinencia; y por la defensa de los derechos laborales de las maestras y maestros de México.
Nos sumamos al clamor social de mejorar la educación de nuestro país, pero sabemos que la educación de calidad debe acompañarse de equidad y pertinencia para brindar y asegurar las oportunidades de igualdad y justicia social que anhelamos como nación.
No obstante, tenemos la obligación de señalar de manera clara y contundente que lo aprobado no fue una reforma educativa, es una reforma administrativa en materia educativa.
Consideramos una incongruencia jurídica que, en una modificación constitucional que pretende mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, así como institucionalizar un efectivo sistema de formación docente y de evaluación educativa, se incorporen ordenamientos que impactan directamente en el ámbito administrativo y laboral. Así, la Reforma aprobada carece de sustancia psicopedagógica.
Una verdadera reforma educativa requiere del concurso de todos los actores involucrados en el proceso formativo de la niñez mexicana, de los padres de familia, de los maestros, las autoridades educativas federales y estatales.
Una verdadera reforma educativa pondría en el centro de la discusión el tipo de modelo educativo al que aspiramos como nación, propondría la innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje, sometería a revisión los planes y programas de estudio, materiales, libros, y atendería el lamentable abandono en el que se encuentra la infraestructura de las escuelas públicas.
Nuestro compromiso con la calidad educativa ha quedado de manifiesto, no sólo en el discurso político, sino con propuestas e iniciativas de ley, como la que presentamos el pasado 13 de noviembre de 2012 para crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación como un organismo profesional en su desempeño, con autonomía técnica y de gestión.
Con este mismo ánimo propositivo, las diputadas y diputados de Nueva Alianza participaremos de manera activa en las reformas a las leyes secundarias a las que mandata el artículo tercero transitorio del decreto con el propósito de que todas las voces sean escuchadas.
Cancelar el debate y la deliberación pública significaría desnaturalizar a la misma democracia, porque ningún acuerdo político puede estar por encima de nuestro derecho a expresar y presentar nuestras propuestas.
Estamos ciertos que el embate hacia los docentes para responsabilizarlos de la calidad educativa y, con ello, condicionar su permanencia en el sistema a través de procesos de evaluación con carácter punitivo, forman parte de una estrategia impulsada, no por la sociedad ni siquiera por la autoridades educativas, sino por grupos de interés.
Grupos que, disfrazados de reformistas, pretenden imponer los criterios de mercado como un referente de la calidad y excelencia educativa; pero que en el fondo tienen como finalidad el privatizar la educación. En ese contexto, la agrupación gremial se vuelve un obstáculo a sus pretensiones de hacer de la educación y escuela pública un bien privado y rentable.
Estamos a favor de un servicio profesional docente como un instrumento para estimular el desempeño de los maestros en cuanto a sus condiciones laborales y mejoramiento salarial, no un sistema inquisidor que atente contra la titularidad de la plaza y sus derechos laborales.
Desde la tribuna o en cualquier escenario, la posición de Nueva Alianza ha sido, es y será a favor de la educación pública, laica y gratuita; por el derecho a una educación de calidad con equidad y pertinencia; y por la defensa de los derechos laborales de las maestras y maestros de México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario